06 de marzo de 2026
DESDE CSIF PODEMOS AFIRMAR, TRAS LO VIVIDO QUE LOS PARLAMENTARIOS ESTÁN MÁS PREOCUPADOS DE SUS INTERESES QUE DE LOS PROBLEMAS REALES DE LOS DOCENTES .
EL SINDICATO INTERVIENE EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS PARA DENUNCIAR QUE LA PROPOSICIÓN CARECE DE MECANISMOS REALES, PLAZOS Y FINANCIACIÓN.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha comparecido en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias con motivo de la tramitación de la Proposición de Ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado (11L/PPL-0007), trasladando un mensaje firme y sin ambigüedades: la norma, tal y como está planteada, es mayoritariamente declarativa y no garantiza una protección real y efectiva del profesorado canario.
Durante su intervención, CSIF fue contundente al afirmar que el mero hecho de tener que aprobar una ley para asegurar la autoridad docente “representa un verdadero fracaso del sistema educativo canario”, un fracaso en el que —según señaló la organización— están retratadas todas las fuerzas políticas que han tenido responsabilidades de gobierno en algún momento.
UNA LEY QUE REITERA LO YA EXISTENTE. CSIF dejó claro que comparte el objetivo formal de reforzar la autoridad del profesorado y mejorar la convivencia en los centros. Sin embargo, denunció que el texto:
Reproduce lo ya establecido en la normativa estatal sobre autoridad pública y presunción de veracidad.
Reitera obligaciones ya existentes en materia de asistencia jurídica.
No crea procedimientos nuevos.
No establece plazos de actuación.
No fija dotación presupuestaria.
No incorpora mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado.
Para la organización sindical, el riesgo es evidente: “Sin recursos, sin plazos y sin desarrollo reglamentario obligatorio, esta ley puede convertirse en una declaración política sin eficacia transformadora real en
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
los centros.”
LA AUTORIDAD NO SE IMPONE POR DECRETO. CSIF defendió en sede parlamentaria que la autoridad no se construye únicamente desde la “potestas” (el poder normativo), sino desde la “auctoritas”: el prestigio profesional, el respaldo institucional y las condiciones adecuadas para ejercer la función docente.
En este sentido, el sindicato recordó que lleva años reclamando:
Reducción de ratios.
Estabilidad de plantillas.
Refuerzo de recursos humanos.
Desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Mejora de las condiciones laborales.
“La autoridad no se impone por decreto; se construye con respaldo institucional, condiciones laborales dignas y reconocimiento profesional efectivo”, subrayó CSIF ante los grupos parlamentarios.
DE LO SIMBÓLICO A LO GARANTISTA. En su intervención, la organización sindical insistió en que no cuestiona el objetivo de la ley, sino su falta de concreción.
El profesorado no necesita una reiteración normativa de derechos ya reconocidos; necesita: Activación inmediata de defensa jurídica.
Protocolos obligatorios ante agresiones.
Cobertura económica real de daños.
Refuerzo de plantillas en centros conflictivos.
Desarrollo efectivo y presupuestado de la carrera profesional docente.
RIGOR JURÍDICO Y SEGURIDAD NORMATIVA. Durante su comparecencia, CSIF también planteó la necesidad de extremar el rigor técnico-jurídico del texto para evitar posibles problemas competenciales, recordando que una ley autonómica no puede alterar el concepto penal de autoridad ni invadir competencias exclusivas del Estado.
La organización defendió que el reconocimiento de autoridad debe quedar claramente delimitado en el ámbito administrativo y disciplinario, garantizando la seguridad jurídica del profesorado sin comprometer la validez de la norma.
RESPALDO REAL, NO TITULARES. CSIF concluyó su intervención con un mensaje claro a los grupos parlamentarios: “Si esta ley quiere ser útil, debe pasar de lo simbólico a lo operativo, de lo declarativo a lo garantista, de programática a presupuestada y de formal a herramienta de protección real.” La organización sindical reiteró que seguirá defendiendo un modelo de sindicalismo profesional e independiente que no se conforma con titulares legislativos, sino que exige normas eficaces, recursos suficientes y respeto real hacia el profesorado.
El profesorado canario —concluyó CSIF— necesita respaldo institucional efectivo, no reconocimiento meramente formal.